UTELPA remarcó la incidencia del Ministerio de Educación de La Pampa en el caso de la docente de General Pico que fue multada por abordar saberes sobre la ocupación de Israel en la Franja de Gaza. Según el gremio docente, el caso puede sentar un precedente peligroso que expone al sistema educativo «a intromisiones indebidas». En este contexto, pidieron la absolución de la docente y «el fin de la intromisión judicial en las escuelas».
La Unión de Trabajadores de la Educación de La Pampa (UTELPa), junto con las y los docentes de la provincia, difundieron un comunicado donde puntualizaron sobre la responsabilidad del Ministerio de Educación de La Pampa en el caso de Ana Contreras, docente de un colegio de General Pico que fue multada por abordar la temática de la ocupación israelí en el aula.
Desde el gremio docente detallaron que la damnificada sufrió «la falta de implementación efectiva del Acuerdo de Resguardo y Reparación». En esa línea, el texto indicó que «esta situación no solo afecta a la profesional, sino que establece un precedente alarmante para toda la comunidad educativa, exponiendo al sistema escolar a intromisiones indebidas que vulneran derechos laborales y pedagógicos».
Asimismo, UTELPA sostuvo que «garantizar marcos protectores es indispensable para evitar que estos episodios se repitan».
«La judicialización de conflictos educativos refleja la ausencia de aplicación de protocolos diseñados para resolver situaciones en el ámbito escolar, como la Guía Provincial de Intervenciones y el Estatuto del Trabajador de la Educación. Estas herramientas deben garantizar la autonomía de las instituciones y defender una educación pública libre de injerencias externas», señaló el sindicato.
No obstante, UTELPA exigió «que el Ministerio de Educación asuma su responsabilidad, fortalezca los espacios de escucha y acompañamiento, y proteja a las y los docentes frente a medidas arbitrarias que comprometan su estabilidad laboral y pedagógica».
El comunicado invitó «a toda la comunidad a sumarse en defensa de una educación pública y democrática, en un contexto donde los discursos de odio y los ataques a las y los trabajadores de la educación amenazan las garantías fundamentales para convivir en comunidad».
«Junto a CTERA, reafirmamos nuestro compromiso en la búsqueda de la absolución de la docente Ana Contreras y exigimos el fin de la intromisión judicial en las escuelas. Este mensaje es un respaldo claro y contundente a las y los trabajadores de la educación y un llamado firme a las autoridades ministeriales y al sistema judicial para que respeten los derechos educativos y democráticos que sostienen nuestro sistema educativo», concluyó UTELPA.