Según consignó el portal InfoHuella, el 28 de marzo de 2018 Fernando Ernesto Herraiz Ranceze firmó ante la escribana Carzoglio, de Santa Rosa, una escritura de cesión de derechos posesorios del establecimiento Curru Mahuida, de más de 5400 hectáreas, a favor de J.N.M. (oriundo de Victorica) por la suma total de 300.000 pesos.
Herraiz falleció en Santa Rosa en diciembre del año siguiente (2019), víctima de un cáncer de colon y una severa afección coronaria.
Leonardo Ananía, abogado de las hijas del productor, contó a ese medio que «poco antes de morir, J.N.M. le había iniciado un juicio para que Herraiz le entregue la posesión del campo».
«En ese juicio, actualmente en trámite y sin sentencia en el Juzgado de Victorica, se acreditó que el valor del campo no era de 300.000 pesos, sino de más de un millón de dólares (la cifra exacta es 1.311.000 dólares), y se valuaron las mejoras en más de 32 millones de pesos, a valores de octubre de 2020», señaló. Las herederas de Herraiz denunciaron a J.N.M. y a su abogado ante la Justicia Penal por el delito de estafa por circunvención de incapaces. «Es decir que aprovechándose de las necesidades de Herraiz le hicieron firmar un documento que lo perjudicaba», explicó Ananía.
La familia sostiene que cuando celebró la escritura, el productor, con más de 70 años, solo y enfermo y con una creciente adicción al alcohol, carecía de los recursos que necesitaba para poner el campo en condiciones y alquilarlo a terceros para obtener ingresos.
El juicio
En el juicio penal declararon más de 14 testigos, la mayoría de Telén y Victorica, quienes frecuentaban a Herraiz. «Todos coincidieron que J.N.M. y su asesor letrado se aprovecharon de la situación y de las necesidades de Herraiz prometiéndole que le conseguirían un préstamo de 300.000 pesos que debía garantizar con la firma de la escritura de cesión de la posesión, pero que suscribirían un contradocumento que aseguraba que al año recuperaría la posesión. Incluso, la escribana Carzoglio declaró que ella entendió que la escritura se firmaba para resolver un problema momentáneo de Herraiz, pero que al año todo volvería para atrás», sostuvo el abogado.
A pesar de la prueba producida (testimonios, certificados médicos, valuaciones, la incapacidad económica de J.N.M. y los dichos de los testigos que acompañaron a Herraiz a buscar el contradocumento al estudio del abogado), el fiscal de Santa Rosa consideró que
no se acreditó que hubo un aprovechamiento ni perjuicio alguno y que la prueba era insuficiente, disponiendo el archivo de la causa.
Ahora, Ananía presentó un escrito ante el fiscal general de la Primera Circunscripción Judicial pidiendo que se deje sin efecto el archivo y que se eleve la causa a juicio para que sea un juez y no el fiscal el que determine si hubo o no delito. «La Constitución Nacional garantiza a todos los habitantes el derecho a la Justicia, que en este caso (a las herederas) se las está privando», sostuvo el letrado.
Por último, consideró «suspicaz que el fiscal que ordenó el archivo afirme que Herraiz hizo exactamente lo que quería hacer y en consecuencia no había de qué quejarse y consideró irrelevante la grosera desproporción entre el precio (los 300.000 pesos) y el valor asignado al campo por los expertos, desconociendo que ya en el Siglo III de nuestra era el llamado Código de Justiniano consideraba nula la compraventa por lesión enorme cuando la diferencia era menor a la mitad del precio».
EL DIARIO