En lo que representa un nuevo y contundente triunfo legislativo para el oficialismo durante el período de sesiones extraordinarias, el Senado de la Nación convirtió en ley el proyecto que baja la edad de imputabilidad de los 16 a los 14 años. La reforma de la Ley Penal Juvenil fue aprobada con 44 votos afirmativos, 27 negativos y una abstención, marcando un cambio en el paradigma judicial argentino.
La iniciativa, fuertemente impulsada por el Ministerio de Seguridad de la Nación —actualmente a cargo de Alejandra Monteoliva y previamente conducido por la senadora Patricia Bullrich—, aguarda ahora su reglamentación y posterior publicación en el Boletín Oficial. Desde el oficialismo remarcaron la necesidad de actualizar una norma que databa de 1980, frente a un escenario de creciente participación de menores en delitos graves.
Un debate tenso y cruces por el presupuesto
El tratamiento en el recinto de la Cámara Alta no estuvo exento de fuertes polémicas y cruces verbales. Desde la bancada de La Libertad Avanza (LLA), Patricia Bullrich defendió la medida con vehemencia: “El Estado no va a seguir mirando para otro lado. ¿Quieren que los ciudadanos que no cometen delitos sean de segunda? No importa la edad de los delincuentes, importa el delito”, sentenció la legisladora. Durante su intervención, Bullrich también solicitó un minuto de silencio por las víctimas de la inseguridad, un gesto que generó momentos de tensión con la oposición, aunque finalmente todos los presentes se pusieron de pie.
Por su parte, el peronismo fundamentó su rechazo argumentando posibles inconstitucionalidades y, sobre todo, advirtiendo sobre la escasez de fondos destinados a las provincias para hacer frente a la nueva infraestructura carcelaria que demandará el sistema. Dirigentes como Jorge Capitanich señalaron que los 23.700 millones de pesos presupuestados resultan insuficientes a nivel federal. “Si no contamos con el presupuesto necesario, estas quedan en letra muerta y constituyen una frustración colectiva”, remarcó.
La respuesta del bloque libertario y sus aliados fue tajante. El cordobés Luis Juez apuntó duramente contra el peronismo: “Si la discusión es la plata, que la pongan las provincias. Se la gastan en cualquier cosa, en publicidad. A pocos metros de acá hay familiares que vienen a buscar justicia, no venganza”. Desde la vereda opuesta, el senador kirchnerista Martín Soria cerró el debate de su bloque tildando a la ley de ser “peor que el decreto de Videla porque viola el principio de culpabilidad disminuida”.
Los puntos claves del nuevo Régimen Penal Juvenil
El proyecto original del Gobierno buscaba fijar la edad punible en los 13 años. Sin embargo, tras una ardua negociación parlamentaria con bloques dialoguistas como el PRO y la UCR, se acordó elevarla a 14 años para lograr el consenso necesario. Este número va en sintonía con legislaciones de países de la región como Chile, Paraguay, Colombia y Bolivia.
El nuevo marco legal crea un sistema especializado para adolescentes de 14 a 18 años, garantizando fundamentalmente que los menores no compartan bajo ninguna circunstancia ámbitos judiciales ni penitenciarios con adultos. Se prioriza la resocialización mediante un esquema de sanciones progresivo y diversificado, que incluye medidas educativas, tareas comunitarias, reparación del daño y monitoreo electrónico.
De acuerdo a la norma, la privación de la libertad quedará reservada de manera excepcional y exclusiva para delitos graves, contando con límites estrictos de tiempo. En la etapa de ejecución, se incorpora la figura del supervisor judicial especializado, quien será responsable de monitorear el proceso de reinserción del menor en la sociedad.
Finalmente, un aspecto novedoso de la ley es el rol central que se le otorga a las víctimas, garantizándoles asistencia jurídica y psicológica inmediata, además de la potestad para intervenir en las audiencias y oponerse a las decisiones de los fiscales. Para los menores inimputables (menores de 14 años), se dispuso la intervención de la justicia civil para investigar los hechos y aplicar medidas protectoras, priorizando el abordaje con equipos interdisciplinarios ante problemáticas de salud mental y consumo problemático.