A través de un duro comunicado, las comunidades del pueblo rankulche y mapuche de La Pampa, Mendoza, Córdoba, Bahía Blanca y Mar del Plata repudiaron la decisión del gobierno de Javier Milei de dar vía libre a los desalojos. “Es el complemento del RIGI que le exigen los monopolios imperialistas para saquear nuestros recursos tan preciados de nuestro país”, apuntaron.
“Queremos expresar nuestro repudio hacia la decisión que tomó el 10 de diciembre el gobierno fascista, conservador y exterminador de Javier Milei junto a sus ministros. En el día de los Derechos Humanos derogó el DNU 805/21 del ex presidente Alberto Fernández que vencía en noviembre del 2025. Este DNU extiende la prórroga de la ley 26.160 que nos protege y frena los desalojos a todas las comunidades del país y a su vez es la que exige que se realicen los relevamientos territoriales por parte del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI)”, explicaron en el inicio del texto difundido.
Lamentaron que las decisiones políticas “no son hechas al azar, son parte de un programa de avallasamiento, destrucción y genocidio silencioso hacia nuestros pueblos. Basta solo con recordar que el 16 de abril conmemoró los 145 años de la campaña al desierto, el genocidio más brutal que hemos vivido como pueblos preexistentes”.
También mencionaron “la posición en contra que mandó a votar en Naciones Unidas por su ministro de Relaciones Exteriores, el señor Gerardo Werthein, que deja a la Argentina sola frente a una ampliación en materia de los derechos indígenas del mundo, o como el reconocimiento del 12 de octubre como día de la raza y la constante reivindicación a los próceres de la oligarquía latifundista de generación del 80, como Julio Argentino Roca, Mitre, Sarmiento y Victorica, entre otros”.
Complemento del RIGI.
En el documento difundido, las comunidades hicieron hincapié en que “el DNU 1083/24 es el complemento del RIGI que le exigen los monopolios imperialistas para saquear nuestros recursos tan preciados de nuestro país y nos queda claro en su argumentación cuando dice que la prolongación de la ley 26.160 genera inseguridad jurídica a quienes se auto perciben legítimos propietarios privados, verdaderos usurpadores de nuestros territorios que pretenden no deja nada aquí, solo desolación, daño ambiental, muerte, presos. Esto es una violación directa a la Constitución Nacional de 1994”.
Le pidieron a los legisladores provinciales y nacionales “que repudien y voten en contra de este DNU” porque la medida “le permite a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, avanzar con sus fuerzas represivas sobre nuestro territorio”.
“Por último, decir que nosotros los pueblos y naciones originarias no fuimos, no somos, ni seremos enemigos del pueblo argentino como pretenden implantar aquellos que se disputan nuestro territorio. Por eso nos uniremos con todos los sectores que defiendan la Constitución Nacional y vamos a defender la integridad de nuestro país, hasta que se realice la reparación histórica que nos merecemos”, completaron.