El ministro de Ambiente de la Nación, Juan Cabandié, consideró que «es necesario que se frenen» las obras hídricas en Mendoza, las cuales son impulsadas «unilateralmente», hasta tanto se llegue un acuerdo y se cumpla con el fallo sobre el río Atuel. A su vez, consideró que La Pampa padece «un gravísimo problema ambiental» producto de esta situación.
En la última semana, dos integrantes del Gabinete nacional hicieron público su respaldo a La Pampa y exigieron el cumplimiento del fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación sobre el río Atuel, que estableció un caudal mínimo de 3,2 metros cúbicos por segundo. Por su parte, el jefe de Gabinete Agustín Rossi habló en exclusiva con LA ARENA y también remarcó que la sentencia se debe cumplir.
En la misma sintonía se expresó el ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Juan Cabandié. El funcionario nacional mantuvo un encuentro el pasado martes 4 de abril con el subsecretario de Ambiente de La Pampa, Fabián Tittarelli, donde «analizamos el gravísimo problema ambiental que padece La Pampa en relación al caudal del Río Atuel», señaló en sus redes sociales.
En ese sentido, Cabandié afirmó que «es necesario que se frenen las obras de almacenamiento de agua en la provincia de Mendoza, efectuadas unilateralmente, hasta que ambas partes se sienten a dialogar. El padecimiento para los ecosistemas en el curso de la cuenca se solucionan con acuerdos entre ambas provincias para hacer efectivo el fallo de la Corte Suprema que fija un caudal mínimo permanente para el río Atuel», completó.
«Se tiene que cumplir».
Durante una entrevista exclusiva con un cronista de este diario, Rossi también habló sobre los incumplimientos de Mendoza. «El fallo de la Corte indica claramente que se tiene que cumplir, es un fallo que yo recuerdo que La Pampa lo celebró y que también fue celebrado por el Ministerio de Medio Ambiente. Nosotros estamos dispuestos a coadyuvar en ese sentido porque la Nación puede hacer todo lo necesario para que se haga, pero a la Nación no puede obligar a hacer cumplir el fallo, es un fallo de la Justicia, de la Corte, pero sí claramente reivindicamos el fallo y claramente se tiene que cumplir», señaló.
El jefe de Gabinete también abordó el tema durante su informe de gestión ante la Cámara de Diputados de la Nación. En su respuesta a la pregunta, en la que se le consulta sobre las acciones que piensa tomar el Poder Ejecutivo Nacional, afirmó que se «elevó una respuesta a la CSJN, debido a que no se alcanzó una propuesta unificada entre las provincias. En este contexto se ha avanzado en densificar la capacidad de monitoreo hidrológico a través de la instalación de nuevas estaciones que integran la Red Hidrológica Nacional (RHN) y en el corto plazo se contará con un radar del Sistema Nacional de Radares Metereológicos a instalarse en la localidad de Santa Isabel La Pampa».
Por otro lado, recordó que «la Secretaría de Infraestructura y Política Hídrica ha puesto a consideración lineamientos para la elaboración de un Plan Director de Gestión Integrada de los Recursos Hídricos de la cuenca del Río Atuel que permitirá la identificación de medidas estructurales y no estructurales para el cumplimiento del fallo de la CSJN».
Devolver lo robado.
En agosto del año pasado, el gobernador Sergio Ziliotto pidió una audiencia a la Corte Suprema de Justicia de la Nación para que «resuelva sin dilaciones» la aplicación del fallo que establece el caudal mínimo del Atuel que Mendoza debe entregar. «Ese latrocinio hídrico detuvo el desarrollo social y económico de nuestro oeste, y devastó nuestro ambiente», señaló.
«Nuestro pueblo merece justicia. Es hora de que devuelvan lo que robaron. No dejaremos de luchar, porque el río Atuel también es pampeano», continuó. En esa línea, explicó que la audiencia se solicitó «para que resuelva sin dilaciones la aplicación del fallo que prevé un caudal mínimo permanente de 3,2m3/s, que Mendoza incumple. Hemos agotado todas las instancias. Esta acción fue un pedido de integrantes pampeanos de la Comisión Interprovincial del Atuel Inferior. 75 años de lucha para que nos devuelvan el río Atuel», completó el mandatario.
Es preciso recordar que el 1º de diciembre de 2017 la Corte Suprema ordenó a las partes que fijaran un caudal hídrico apto en el plazo de treinta días para la recomposición del ecosistema afectado en el noroeste de La Pampa. Dio por acreditado el estado de severa restricción de agua y desertificación que caracteriza la región pampeana en la Cuenca y estableció la necesidad de fijar un caudal hídrico apto para la recomposición del ecosistema afectado.
Al finalizar los plazos fijados, y no habiéndose arribado a un acuerdo, se presentaron informes ante la Corte que volvió a pronunciarse con fecha 22 de mayo de 2018, otorgando un nuevo plazo de negociación, el cual tuvo igual resultado negativo y conllevó la presentación de un nuevo informe. El 16 de julio de 2020 la Corte emitió una sentencia en la que ordenó «fijar como meta interina un caudal mínimo permanente del río Atuel de 3,2 m3/s en el límite interprovincial entre La Pampa y Mendoza» y «ordenar a las provincias involucradas que, junto con el Estado Nacional, determinen en la órbita de la CIAI las acciones u obras de infraestructura necesarias para alcanzar el caudal mínimo permanente fijado».
En el mismo fallo, indicaron desde el Ejecutivo en ese momento, dejaron sentado que «en el caso de no alcanzarse ninguna solución acordada por las tres jurisdicciones (La Pampa, Mendoza y Nación), esta Corte definirá el curso de acción a seguir» e instó a La Pampa y Mendoza «al fortalecimiento institucional del organismo de cuenca», integrando además por el al Estado Nacional. Hasta el momento, la Corte no ha definido ninguna medida.
Ante estas dilaciones, el 16 de marzo del 2022, se presentó ante la Corte una Cautelar Ambiental solicitando se resuelva respecto de la ejecución inmediata del caudal hídrico mínimo y permanente fijado como meta interina. «Por último y ante la falta de cualquier tipo de respuestas a las demandas de La Pampa, ahora se solicita una Audiencia entre las provincias de La Pampa, Mendoza y el Estado Nacional, a fin de resolver y arbitrar de manera directa e inmediata los medios para cumplimentar lo ordenado», concluyeron.
Otra obra cuestionada.
El jefe de Gabinete de la Nación, Agustín Rossi, presentó a fines de marzo un informe de gestión ante la Cámara de Diputados. En ese marco, se le consultó sobre el proyecto El Tambolar, que impulsa San Juan y que es fuertemente cuestionado por La Pampa.
«En el marco de la Ley 23.879, no se ha presentado a evaluación ante la Secretaría de Cambio Climático, Desarrollo Sostenible e Innovación del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible el proyecto mencionado. El PEN sujeta sus procedimientos de evaluación de impacto ambiental a los presupuestos que la Ley General del Ambiente (25.675) establece», señala el documento al que accedió este diario.
En relación a El Tambolar, afirma que «el Ministerio de Obras Públicas informa que se trató de un proyecto de San Juan que no fue financiado por el ex Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda». También recuerda que, por indicación del Secretario de Infraestructura y Política Hídrica del Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda, durante la reunión del 23 de agosto de 2018 de la Comisión de Seguimiento de la Región Hídrica del Río Desaguadero-Salado-Chadileuvú-Curacó, «se realizó una presentación del Proyecto para el Aprovechamiento Hidroenergético Multipropósito ‘El Tambolar’, que estuvo a cargo de un representante de Energía Provincial Sociedad del Estado (EPSE), de San Juan».
«Durante la misma, se realizó una síntesis de las características generales y técnicas del proyecto y se dio respuesta a las consultas recibidas. Durante la mencionada reunión, San Juan informó que la evaluación de impacto ambiental (EIA) fue realizada desde la alta cordillera hasta las lagunas de Guanacache, conforme a la legislación provincial», agregó.